Con fecha 4 de agosto remite un nuevo escrito para requerir de la Concejalía de Seguridad su respuesta al informe elaborado por la institución el pasado 2 de junio en el que se consideraba que el cierre de la colonia restringe derechos individuales, que la prostitución, lejos de reducirse, ha aumentado y que las sanciones impuestas de las que alardea el equipo de gobierno no indican que se haya acercado la solución del problema
Ángel Lara: “Este retraso sólo se explica por el menosprecio a las instituciones o por la pasividad ante los problemas de los vecinos o por falta de argumentos sin tampoco descartar que sean las tres cosas a la vez”.
Un varapalo en toda regla. Sólo así se puede definir ese documento elaborado a raíz de una queja presentada por el grupo municipal de IU por los controles de acceso a la Colonia Marconi puestos en marcha por el Ayuntamiento el 2 de agosto de 2005. No sólo los considera, tal y como defendía Izquierda Unida, una restricción de los derechos individuales sino que insta al equipo de gobierno a fijar una fecha aproximada “para levantar definitivamente las prohibiciones y limitaciones a la circulación de vehículos en la Colonia Marconi, por preverse que se encuentre garantizada la protección de la seguridad ciudadana y el bienestar social de la zona”.
Ante este retraso, el concejal de Izquierda Unida, Ángel Lara, que fue quien elevó esta queja a la institución en octubre de 2008, apuntó que “sólo se puede entender como pasividad ante una situación preocupante para los vecinos o como incapacidad para encontrar argumentos que neutralicen las apreciaciones expresadas de manera nítida por la Defensoría”.
Lara mostró su satisfacción “al comprobar cómo las tesis del grupo municipal se ratifican en todos sus extremos ya que, además de reconocer esta restricción de derechos, se apuesta de manera firme por propuestas de carácter social tal y como ha sostenido Izquierda Unida desde el inicio del conflicto”.
El concejal recordó que “es el propio informe de la Defensoría del Pueblo quien también recoge algo tan evidente para todos, a excepción al parecer del equipo de gobierno, como que la prostitución, lejos de reducirse, ha aumentado y se ha ido acercando más a las viviendas de los vecinos”. “El balance de sanciones que presenta el Ayuntamiento como un logro, tal y como también se dice de manera explícita en el documento, no es indicio de que la solución del problema se haya alcanzado ni de manera remota”.
Según los datos remitidos por el Ayuntamiento a la Defensoría, hasta noviembre de 2010 (el dispositivo empezó a funcionar como ya se ha mencionado el 2 de agosto de 2005) se han realizado 6.500 identificaciones por parte de la Policía Municipal con el resultado de 26 personas detenidas por diferentes motivos. Sobre este último aspecto, el documento también da un toque de atención al Ayuntamiento ya que le recuerda que “no puede aceptarse que la extranjería sea motivo de detención, de hecho no lo es en absoluto ni puede serlo, sino que más bien, y así se deduce de lo informado por el Ayuntamiento cuando cita expresamente la Ley de Extranjería, el incumplimiento de algunas leyes puede dar lugar a la detención”.
